Universitat per a tothom

Desde la declaración de Bolonia, en 1999, en España seis personas distintas han encabezado el ministerio responsable, en cada momento, de la política universitaria y han sido promulgadas dos leyes orgánicas de universidades (LOU 2001, LOMLOU 2007). En lo que se refiere al desarrollo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, los vaivenes han sido tales que por cuatro veces se han publicado decretos para la regulación de los nuevos estudios universitarios de grado y de máster, que en cada ocasión modificaban la regulación anterior (enero y diciembre de 2005, febrero y octubre de 2007).

Ante la evidencia de la falta de un proyecto para la universidad por parte del gobierno y en ausencia de un análisis de los problemas reales de la universidad pública, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior se ha convertido, especialmente en el último año y medio, en el pretexto que cada cual ha utilizado para tratar de imponer sus propias ideas sobre la universidad: desde la supuesta necesidad de subir los precios de los estudios universitarios defendida por ciertos sectores económicos, hasta la introducción de métodos pedagógicos pretendidamente novedosos que resolverían milagrosamente todos nuestros problemas, todo ha sido atribuido a Bolonia.

Los intentos de justificar mediante la invocación a Bolonia medidas socialmente regresivas o académicamente controvertibles han dado lugar a que los movimientos contrarios a las mismas que han surgido y crecido por todo el país, entre el estudiantado pero también entre el profesorado, se hayan calificado y hayan sido calificados como movimientos anti-Bolonia. Tales movimientos, no obstante esta confusión, han tenido, entre otras, dos consecuencias. En primer lugar, la de haber llevado a los medios de comunicación el interés por la universidad. En segundo lugar, la de haber frenado algunas de las derivas mercantilizadoras que empezaban a consolidarse. Las autoridades han substituido el discurso pro-créditos por el pro-becas, ya nadie habla abiertamente de equiparar, sin más, los precios de matrícula al coste de los estudios, ni se afirma que sobra gente en la universidad, a la que se reconoce de nuevo la función cultural junto a la de formación de profesionales. La reasignación de las universidades al ministerio de Educación desde el de Ciencia e Innovación, en el que no duraron ni un año, pone de manifiesto el fracaso de un discurso en el que las universidades se concebían esencialmente como instrumentos del sistema de investigación, desarrollo e innovación, en detrimento de sus otras funciones, no menos importantes, que habían pasado a segundo plano. Poco a poco, incluso se va admitiendo que no se puede atribuir a Bolonia lo que la declaración no dice, aunque sigue habiendo quien persiste en ello.

Por otra parte, el proceso de implantación de los planes de estudios de acuerdo con la nueva estructura está ya muy avanzado y una gran proporción de los títulos estará adaptada a las nuevas directrices al inicio del próximo curso 2009-2010. Es de lamentar que se haya llevado a cabo una reforma de esta envergadura sin aprovechar la oportunidad que comportaba de racionalización y mejora del sistema y sin que, por otro lado, se haya alcanzado el objetivo de armonización con los otros países europeos –argumentos sólidamente fundados apuntan que, en España, más bien se ha retrocedido. En cualquier caso, todo parece indicar que a principios del curso 2010-2011 el proceso se dará por definitivamente implantado.

En este contexto, el movimiento pro universidad pública debería superar la disyuntiva Bolonia sí – Bolonia no, que ya sólo contribuye a la fractura de la comunidad universitaria, y abandonar el discurso defensivo para concentrarse en formular propuestas relativas a los asuntos relevantes que deben mejorar en la universidad y que seguirán ahí una vez se hayan implantado los nuevos grados universitarios. Las altas tasas de abandono del los estudios; la conveniencia, especialmente en el contexto de la crisis económica actual, de frenar el aumento que los precios de las matrículas universitarias han sufrido a lo largo de los últimos años, siempre por encima del IPC; la necesidad imperiosa de implantar, de una vez por todas, becas-salario –con una dotación económica que haga honor a su nombre– que contribuyan al acceso a la universidad en igualdad de condiciones para todos los sectores sociales, o la adecuación de las plantillas de profesorado son sólo algunos de los retos que tiene que afrontar la universidad pública.

Y, en particular, todo indica que el sistema de gobierno de las universidades va a ser muy probablemente el tema central de debate a lo largo del curso que viene. Las movilizaciones han conseguido frenar las medidas más directamente mercantilizadoras, pero no se han enfrentado a las propuestas persistentes de que las universidades se organicen y sean gobernadas como una gran empresa, pese a que su implantación sería la clave para la mercantilización integral de la universidad pública. Desde luego, el sistema de gobierno de las universidades es mejorable, pero de ello no se deduce que estas deban asumir acríticamente un modelo como, pongamos por caso, el de Lehman Brothers o el de General Motors.

Son problemas y cuestiones no menores, que requieren propuestas de futuro sólidas, no sólo provenientes de la comunidad universitaria (profesorado, personal de administración y servicios y estudiantado) sino de toda la sociedad, que se juega mucho cuando de lo que se trata es del futuro de un servicio público como la universidad, imprescindible para un país y para sus gentes, porque es garantía de su formación y motor del avance científico y, más en general, de la cultura.

Albert Corominas és professor d’enginyeria d’organització i Vera Sacristán, professora de matemàtica aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Pertanyen, així mateix, a l’associació UpiC (www.upc.edu/upic).

Público, 19/07/2009, p.9.

Los estudiantes reunidos en asamblea en diversas universidades de España han solicitado una moratoria de la aplicación del Plan Bolonia y la apertura de un gran debate nacional sobre el modelo de universidad pública que queremos. Esta demanda no sólo es razonable, sino que en la actual coyuntura político-económica es la única razonable. En efecto, el llamado Plan Bolonia –y en concreto las transformaciones pedagógicas y gerenciales a que ha dado lugar– es la expresión de unas políticas neoliberales iniciadas hace casi 30 años por la sra. Thatcher en el Reino Unido y que, en este momento histórico, han quebrado en todos los sentidos. Como siempre, en España (y las autonomías que tienen competencias de educación transferidas siguen la corriente) se están aplicando estas políticas tarde y cuando en otros ámbitos de la sociedad han demostrado su fracaso más o menos estrepitoso. Mientras el modelo empresarial neoliberal necesita la ayuda del Estado porque no sabe gestionar bien los recursos, los responsables de los diversos ministerios de Educación y universidades nos dicen que la universidad tiene que ser gestionada como una empresa. Cuando el Estado inyecta millones de euros para salvar de su monstruosa falta de liquidez a los bancos, se afea públicamente el déficit presupuestario de las universidades y se las incita a adoptar un modelo empresarial. En los últimos años, la universidad española ha adquirido una mentalidad empresarial forzada por las políticas neoliberales de retraimiento del gasto público. Los problemas a los que se enfrenta son el déficit financiero, la falta de productividad y calidad del producto, la competitividad, etc. En definitiva, cuestiones de gestión y de competencia empresarial. Lo que podría llamarse la “cultura empresarial” de esta empresa que ahora es la universidad ha abandonado, como si fuera un lastre de maquinaria obsoleta, toda una serie de valores, de responsabilidades y obligaciones mutuas que sustentaban la cohesión social de la comunidad universitaria. El discurso hegemónico –del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Conselleria d’Innovació, Universitat i Empresa, de los órganos de Gobierno de las universidades y de la mayoría de los medios de comunicación– es que ya era hora de que la universidad se enterara de cuál es su cometido: producir un producto de calidad que esté de acuerdo con una demanda social (en realidad se entiende empresarial; no hay más que mirar quiénes componen los Consejos sociales de las universidades) al menor coste posible. Como organismo público, la universidad ocupa cada vez más ese espacio en el que lo público se pone al servicio de la empresa privada y de los diseños y designios de la política económica de unos gobiernos marcados por la hegemonía neoliberal.

En los años ochenta del siglo pasado, cuando Margaret Thatcher inició su reforma del sistema universitario británico, realizó varias transformaciones, entre las cuales se incluyó la conversión de las antiguas Polytechnics (centros superiores de enseñanza de carreras técnicas) en universidades propiamente dichas. Esto causó una viva polémica, pero fue justificado por los responsables del cambio como una “promoción” de las carreras de formación técnica y eminentemente instrumental a la categoría plena de centros de producción de conocimiento superior, incorporando aspectos teóricos a los meramente eficientes. En realidad, este proceso resultó ser una asimilación de todas las carreras (incluidas las ciencias puras, las humanidades y las ciencias sociales) a los objetivos directamente ligados a las necesidades industriales y empresariales que impulsaban a las antiguas Polytechnics.

Es en ese momento cuando aparece el tema de la “profesionalización” de las carreras universitarias, como si ese fuera el único objetivo legítimo de la producción y transmisión del saber en la institución universitaria. Muchos medios de comunicación, los gobiernos de uno u otro signo y los ciudadanos en general asumen esa idea finisecular productivista de que la universidad existe para formar profesionales, personas técnicamente preparadas para cubrir las necesidades de la sociedad (léase del mercado) y que, por tanto, es la sociedad la que debe orientar estas industrias del conocimiento para que elaboren unos productos idóneos que puedan ser consumidos productivamente por esta. De ahí la degradación de los conocimientos y la capacidad crítica a competencias y habilidades implementadas con sistemas tecnológicamente avanzados, que tan alegremente propugna un grupo hegemónico de pedagogos y psicólogos que pretenden taylorizar el saber universitario.

Desgraciadamente, como está demostrando esta crisis, el modelo empresarial neoliberal hace aguas por todas partes, lo que además resulta obvio por las contradictorias declaraciones de los diversos expertos económicos de más alto nivel, así como por los bandazos de las políticas económicas de los países económicamente más poderosos, que no tienen ni la menor idea de cómo van a salir de este atolladero económico que tiene muchos visos de transformarse en un atolladero social (paro, crisis de subsistencia, violencia).

Parece claro que el anterior modelo neoliberal ya no sirve. Es imperativo pensar en otro paradigma, inventar otro modelo a partir de los conocimientos históricos y del análisis de situaciones de crisis anteriores. Pero ¿cuánta gente tiene la capacidad crítica y los conocimientos necesarios para desprenderse de fórmulas y modelos fallidos (pero, ¡ay!, tan reconfortantes)? Todavía quedan unas cuántas personas, pero si triunfase el modelo de universidad que se agazapa bajo el Plan Bolonia, pronto no quedaría nadie. En definitiva, nos encontramos en un cambio de coyuntura político-económica, probablemente orientada hacia algún tipo de neokeynesianismo; por tanto, no parece una buena idea seguir adelante con un Plan que expresa un proyecto neoliberal ya obsoleto. La moratoria es una necesidad y el debate es una responsabilidad social. Los estudiantes tienen razón.

Susana Narotzky, Catedrática d’Antropología Social de la UB.

Público, 19/12/08.